La Cámara Federal porteña ordenó hoy más de 20 allanamientos en una causa que investiga a intermediarios de planes sociales que fueron denunciados por el Gobierno, acusados de extorsionar a beneficiarios de programas para que acudiera a marchas.

La Sala I de la Cámara hizo lugar a un pedido del fiscal del caso, Gerardo Pollicita. Él le había solicitado los allanamientos -además de una serie de detenciones- al juez de la causa, Sebastián Casanello, que había entendido que era prematuro disponerlas. Pollicita apeló y la Cámara hoy revocó esa decisión del juez e hizo lugar a lo solicitado por el fiscal. El juzgado de Casanello, que tiene delegada la instrucción del caso en la fiscalía de Pollicita, avanza ahora con las medidas dispuestas por el tribunal de alzada con total hermetismo.

La denuncia del Gobierno fue por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes, en base a los reclamos recibidos en la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad para recibir denuncias de amenazas, aprietes o extorsiones. Según informó el Gobierno, recibieron más de 20.000 llamados en menos de una semana.

De esas comunicaciones, para el Ejecutivo, hubo al menos 1100 denuncias que encajaban en los delitos señalados. Quienes se comunicaron relataron mecanismos de extorsión de diferentes organizaciones, como pedidos de dinero cada vez que cobran los planes, multas de 7000 u 8000 pesos para quienes no asistan a los cortes o marchas y amenazas de dar de bajas planes si no asisten a determinadas convocatorias, entre otros hechos.

El Gobierno redactó una la lista de 32 personas, identificadas con nombre y apellido. Muchas de esas personas fueron denunciadas por gente que dio su identidad en el momento de la denuncia; otras personas, la mayoría, aportaron los datos de forma anónima, según informó el ministerio a cargo de Bullrich.

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